Ecuador quiere extraditar al 'Assange bielorruso', que podría ser condenado a muerte
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Al margen de quien tenga razón (parece que Suecia está haciendo el camelo para extraditarlo a Estados Unidos) resulta peculiar que Assange, erigido como defensor de la libertad de expresión; que a su vez trabaja para una televisión (RT) financiada por el Gobierno Ruso (país con reducción de libertad expresión), pida asilo en Ecuador, donde las libertades de prensa se están reduciendo o donde los indígenas están siendo perseguidos por protestar contra las explotaciones mineras.
Fotografía en Flickr de acidpolly
"Está loco [Assange]. Imagínense pedir asilo en un país donde no hay libertad de expresión, donde hay una dictadura totalitaria, porque eso es lo que dicen de nuestro país ciertos medios de comunicación," ironizó Correa, que mantiene duras críticas contra algunos medios de prensa de su país.
233 GradosAsí se refería Rafael Correa en una entrevista a Julian Assange en RT, de forma irónica, aunque si uno observa las peculiaridades del estado de la libertad de prensa en Ecuador, uno pensaría que no está siendo irónico. Como bien decía Dilma Rousseff (Presidenta de Brasil) es mejor "el ruido, a veces extremadamente doloroso, de la prensa libre que el silencio de las dictaduras".
La Guerra contra los medios críticos
A lo largo de los últimos años, Ecuador y la prensa viven una relación de amor-odio, en la que el odio va creciente con el cierre de medios de comunicación. En 2007 Correa calificó de "bestias salvajes" a los periodistas y miembros de los medios de comunicación así como "gordita horrosa" a una periodista crítica con Correa.
También que en el trabajo de la prensa prima el escándalo y la controversia y que la mayoría de veces los medios convierten los errores en engaños. “El miedo a perderse hace que los medios hoy más que nunca cacen en manada como bestias salvajes haciendo añicos a la gente y a su reputación”, repitió Correa, quien anunció que modificará la forma en la que suele dar declaraciones.
Según sus propias palabras, en las ruedas de prensa solo aceptará preguntas por escrito para evitar exponerse “a periodista o reportero majadero y malcriado que no ha entendido su papel ni lo que es la Presidencia de la República”.
Esto último lo dijo luego de llamar “gordita horrorosa” a una periodista de este Diario que el pasado miércoles, según él, lo increpó “con total mala educación”. La versión de Correa es que ella le dijo: ¿Qué quiere que le pregunte, porque ustedes solo responden lo que quieren que les pregunten?
El Universo
A partir de ahí, la relación contra los medios siguió incrementándose como la reconversión de medios privados en medios públicos amparándose en la existencia de monopolios o que "su opinión sólo sirve a los intereses económicos de sus propietarios"... aunque la realidad de esto, es que podríamos decir que su opinión es molesta cuando no gusta al Gobierno Ecuatoriano y por eso los cerramos o los estatizamos, tal y como ocurrió el El Telégrafo pasando a manos estatales en 2008 y que en 2010, sufrió la marcha de una veintena de periodistas anunciando por culpa de la censura interna existente desde que fue reconvertido en diario estatal.
Como es de conocimiento público, el pasado jueves 25 de marzo, el Directorio de El Telégrafo ordenó la separación del director del diario, Rubén Montoya, y el 1 de abril censuró algunas columnas de opinión, lo que provocó la renuncia de Carol Murillo, subdirectora del periódico; directivos ambos que mantuvieron una posición crítica respecto de la creación de un medio supuestamente “de corte popular” bajo la infraestructura de El Telégrafo.
Al mismo tiempo se produjo la arbitraria separación de editores de varias secciones, quienes incluso fueron impedidos por la fuerza de acceder a sus lugares de trabajo. A lo anterior se suma una insólita nota, publicada en la edición del 1 de abril, en la que el nuevo directorio de El Telégrafo, en aras de justificar estos atropellos, indica que “se establece la necesidad de que no se emitan comentarios, informaciones estratégicas y otras estrictamente internas en las páginas editoriales de nuestros editorialistas y columnistas”.
¿Cuál es la diferencia entre las prácticas coercitivas y mecanismos de censura interna de ciertos medios privados y las acciones tomadas por el actual Directorio de El Telégrafo?
Por ello, rechazamos estos actos de censura y de violación de los derechos a la libertad de expresión y de prensa, incompatibles con la Constitución y el proyecto de creación de medios públicos.
Esto refuerza nuestra opinión respecto del giro total en las políticas editoriales actuales, incongruentes con las que estuvieron vigentes desde la refundación del periódico; cuya responsabilidad recae no sólo en el presente Directorio, sino también en el Ministerio de Telecomunicaciones y, en términos más amplios, en un sector del actual gobierno que confunde la comunicación como servicio público con el publi – gobierno.
Queremos reafirmar nuestra profunda convicción en torno a la importancia de construir lo público en el periodismo. Ello supone hacer visibles la pluralidad y el disenso en la producción informativa, algo impensable en el actual sistema monopólico y monológico de medios privados. El Ecuador carga con el peso histórico (y colonial) de la erosión del concepto de lo público en sus diversas formas, por tanto, de una casi total negación, desde la institucionalidad formal, a la construcción de pensamiento crítico.
La construcción de lo público representa una de las mayores garantías para el ejercicio efectivo de la democracia de la que tanto se habla en los ámbitos gubernamentales.
Es por ello que sostenemos que un medio público tiene el desafío de promover el debate y de apostar a la visibilización de opiniones diversas, en el marco de las transformaciones sociales y culturales ofrecidas por el gobierno de la “Revolución Ciudadana”.
Esta posibilidad inédita en la historia de nuestro país no se puede echar a perder por las burdas y autoritarias decisiones del actual Directorio.
Creemos que el conjunto de acontecimientos señalados indican un retroceso del proyecto de construcción de medios públicos en el Ecuador y un precedente nefasto para una discusión amplia y democrática de una Ley de Comunicación.
Hasta aquí, el colectivo de articulistas de El Telégrafo ha resuelto desarrollar dos líneas de acción. Por una parte, un grupo de editorialistas seguirá escribiendo sus artículos en el periódico haciendo pleno uso de su derecho a la libertad de expresión y opinión. Por otro lado, los abajo firmantes han decidido dejar de escribir en el medio.
Desde ambas posiciones demandamos la urgencia de incorporar en dicha Ley, un capítulo relativo a los medios públicos en términos que posibiliten a futuro su independencia editorial y autonomías administrativa y financiera, que garanticen la calidad periodística y la eficiente utilización de los recursos públicos que hacen posible su funcionamiento.
El Telégrafo Exiliado
Posteriormente en 2012, Correa anunció que no daría entrevistas a aquellos medios mercantilistas (en realidad aquellos que le critican).
Sin embargo, destacó que acudirán a "entrevistas en medios privados que no son mercantilistas, ni han jugado con el poder mediático para (...) poner o sacar ministros, para incidir a favor o en contra de una tendencia política en la opinión pública".
El pasado sábado, en su informe semanal de labores, Correa señaló que estaba "reflexionando" sobre que los ministros concedieran entrevistas a medios privados.
"¿Por qué nuestros ministros tienen que ir a dar entrevistas en Ecuavisa, en Teleamazonas, El Universo, sin son negocios privados? ¿Acaso con eso no estamos contribuyendo a llenarse el bolsillo de las seis familias que dominan los medios de comunicación a nivel nacional?", se preguntó entonces el mandatario.
Hace unas semanas, a través de su cuenta de Twitter, Correa también instó a sus seguidores a no comprar lo que él define como "la prensa corrupta".
Desde el inicio de su Gobierno en 2007, Correa mantiene un pulso con algunos medios de comunicación al considerar que manipulan la información y representan los intereses de pequeños grupos poderosos, en detrimento de la mayor parte de la sociedad.
233 Grados
A lo largo de 2012, se han cerrado 19 medios de comunicación (algunos de ellos) , casi siempre amparándose en los pagos de las licencias de emisión, saltándose toda vía legal al respecto. El último de ellos, ha sido Radio Morena.
Tras 17 años al aire, Radio Morena FM 98.1, localizada en Guayaquil, dejó de transmitir el 6 de julio de 2012, después de una vasta operación en la que su equipo fue confiscado. La estación, propiedad del político de oposición Luis Almeida, es el decimonoveno medio de comunicación audiovisual clausurado en lo que va del año.
Como en los casos anteriores, la controversia gira en torno a los motivos y las condiciones de aplicación de esta medida. Los representantes de la estación denuncian una “persecución” política. La autoridad competente, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (la Senatel, antes el Conatel), asegura que Radio Morena se retrasó en los pagos de la licencia de emisión.
“Nuestra preocupación sigue siendo la misma. Suponiendo que Radio Morena se hubiera retrasado en sus pagos, ¿por qué preceder a su cierre sin esperar a que se agotaran todos los recursos? Existe una exigencia legal, incluso constitucional, de debido proceso.
La confiscación del equipo de la estación, propiedad del medio de comunicación a diferencia de su frecuencia, alimenta las sospechas que despierta este procedimiento. Sugerimos que se realice reexamen completo del sistema de concesión de frecuencias y del funcionamiento de la autoridad que las otorga.
Esta recomendación ya había sido formulada en 2009 por un grupo de expertos consultado a petición del mismo presidente Rafael Correa. Esta reforma de fondo es urgente”, declaró Reporteros sin Fronteras, que pugna por que ésta se incluya en la agenda de un nuevo debate sobre la Ley de Comunicación.
La ola de clausuras de medios de comunicación audiovisuales –la mayor parte de ellos conocidos por ser críticos del gobierno– nutre la polémica, tanto más dado que el presidente Rafael Correa multiplica los ataques personales contra personalidades de la oposición.
Gustavo Cortez, editor general del diario El Universo, fue blanco de violentas acusaciones presidenciales en los últimos cuatro enlaces sabatinos (discursos semanales de Rafael Correa difundidos en la mayoría de los medios de comunicación audiovisuales públicos).
El 14 de julio pasado el jefe de Estado no dudo en mostrar la fotografía del periodista llamando públicamente a sus propios partidarios a “reaccionar” contra él (ver abajo). César Ricaurte, director de la ONG de defensa de la libertad de expresión Fundamedios, sufrió los mismos ataques en otro enlace sabatino en el mes de junio.
Hora Cero
Luis Almeida, asambleísta (SP) y propietario de la radio, calificó esta decisión como un paso importante ante el exceso de abusos y estado de indefensión en el que se encuentra el Ecuador.
El legislador Almeida insistió en que el Gobierno ha violentado el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este prohíbe la restricción del derecho a la libre expresión y pensamiento “por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas...”.
El Universo
Otro caso reciente ha sido el de la revista semanal Vanguardia, que a lo largo de los últimos tiempos ha denunciado la corrupción existente en el Gobierno y que según el Gobierno hay una deuda con los trabajadores de ahí el cierre, también saltándose todas las vías administrativas
El número 353 de la revista semanal Vanguardia no aparecerá en los kioscos este 6 de agosto de 2012, debido a la incautación del equipo de sus instalaciones efectuada hace seis días por órdenes del Ministerio de Relaciones Laborales. Según nuestra información, el editor de la publicación, Iván Flores, planea pese a todo difundir esta edición en una fecha aún no determinada.
El embargo del 31 de julio, en el que se incautaron ordenadores y otras partes del equipo, no es el primero de su tipo que afecta a Vanguardia, publicación conocida por haber revelado casos de corrupción en los que estaban implicados funcionarios del gobierno actual. Asimismo, éste ocurre en medio de un contexto de repetidos cierres de medios de comunicación audiovisuales también reconocidos por su línea editorial crítica del gobierno de Rafael Correa.
Como en los otros casos, los poderes públicos emplean el pretexto administrativo. En este caso, Vanguardia tendría una deuda laboral que ascendería a unos 27.000 dólares, la revista no habría respetado la ley relativa a la contratación de empleados con discapacidades y habría olvidado exponer su reglamento interior en un espacio visible. Según Iván Flores, la notificación del embargo habría llegado a la empresa la víspera de su ejecución. Para el director de Vanguardia, Juan Carlos Calderón, quien se encontraba de vacaciones cuando ocurrieron los hechos, el procedimiento es una muestra de “represalias políticas”.
“La lista de medios de comunicación que han sido cerrados o que se encuentran bajo embargo crece peligrosamente desde el inicio del año. Suponiendo que Vanguardia no haya cumplido ciertas obligaciones legales, ¿era necesario hacer callar a su redacción? Brutal, el procedimiento concuerda con las graves medidas de represalia emprendidas contra la prensa crítica, como la reciente prohibición formulada por el presidente Rafael Correa, que impide a sus ministros conceder la mínima entrevista, el retiro de toda publicidad oficial o incluso los repetidos ataques presidenciales contra los representantes de este sector de la prensa”, declaró Reporteros sin Fronteras.
“Los medios de comunicación privados más críticos también son en parte responsables de la situación de polarización que afecta hoy a la sociedad ecuatoriana. En este caso, Vanguardia cumplió su deber de investigación conforme a la libertad de informar. No puede considerarse toda crítica o revelación un intento de ‘derrocamiento’ del poder establecido. Desde el inicio pugnamos por que la futura Ley de Comunicación –cuyo voto aún se encuentra en suspenso– promueva el justo equilibrio pluralista entre los diferentes tipos de medios de comunicación (públicos, privados y comunitarios), garantizando su libertad e independencia. La serie de cierres de radios, canales de televisión y ahora de Vanguardia no responde de ninguna manera a ese objetivo”, concluyó la organización.
RSF
¿Se imaginan que en España Rajoy diera la orden de estatizar los medios críticos con su Gobierno y que poco a poco fueran quedando aquellos medios voceros de su gobierno? Se pondría el grito en el cielo y con razón.
Condenas a medios que luego se revocan para tenerlos silenciados
Quizás el último caso más sonado ha sido el del Diario "El Universo" con la condena a tres años de cárcel y multas de 40 millones de dólares impuestas a este tres directivos del diario y al autor de una columna de opinión en la que bajo el título "No a las mentiras" el columnista Emilio Palacio se refiere a la posibilidad de que Correa apruebe un indulto para los involucrados la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, denunciada por el mandatario como un intento de golpe de Estado.
A esta altura, todas las “pruebas” para acusar a los “golpistas” se han deshilvanado:
El Dictador reconoce que la pésima idea de ir al Regimiento Quito e ingresar a la fuerza fue suya. Pero entonces nadie pudo prepararse para asesinarlo ya que nadie lo esperaba.
El Dictador jura que el exdirector del Hospital de la Policía cerró las puertas para impedir su ingreso. Pero entonces tampoco allí hubo ningún complot porque ni siquiera deseaban verle la cara.
Las balas que asesinaron a los policías desaparecieron, pero no en las oficinas de Fidel Araujo sino en un recinto resguardado por fuerzas leales a la Dictadura.
Para mostrar que el 30 de septiembre no usaba un chaleco blindado, Araujo se colocó uno delante de sus jueces y luego se puso la misma camiseta que llevaba ese día. Sus acusadores tuvieron que sonrojarse ante la palpable demostración de que los chalecos blindados simplemente no se pueden ocultar.
Podría seguir pero el espacio no me lo permite. Sin embargo, ya que el Dictador entendió que debe retroceder con su cuento de fantasmas, le ofrezco una salida: no es el indulto lo que debe tramitar sino la amnistía en la Asamblea Nacional.
La amnistía no es perdón, es olvido jurídico. Implicaría, si se la resuelve, que la sociedad llegó a la conclusión de que el 30 de septiembre se cometieron demasiadas estupideces, de parte y parte, y que sería injusto condenar a unos y premiar a otros.
¿Por qué el Dictador sí pudo proponer la amnistía para los “pelucones” Gustavo Noboa y Alberto Dahik, pero en cambio quiere indultar a los “cholos” policías?
El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente.
Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben.
Al margen de consideraciones morales y de la dudosa ética del columnista en sus afirmaciones tildando de dictador a Correa y acusándolo de crímenes de lesa humanidad, hay una cosa vigente en las democracias llamada Libertad de Expresión... y en este caso, esta libertad de expresión no se cumple.
Posteriormente, el presidente Correa, en un acto de generosidad ¿desinterasada? anunció el indulto a los cuatro condenados por injurias
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció públicamente desde el palacio de Gobierno que perdonará a los cuatro condenados en el caso que por injurias ganó al diario El Universo, aunque las condenas fueron dictadas "merecidamente".
Correa leyó lo que la Presidencia denominó una carta al pueblo ecuatoriano frente al vicepresidente del país, Lenín Moren, miembros de su gabinete, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, y representantes del cuerpo diplomático.
En su alocución, en la que declaró "vencida" a la "prensa abusiva" y se pronunció contra la "dictadura" de ciertos medios de comunicación, anunció también que desistirá de la demanda contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro "El Gran Hermano", sobre los contratos que supuestamente tenía con el Estado el hermano mayor del presidente, Fabricio Correa.
"La prensa abusiva ha sido vencida. Esa prensa, que ante la derrota contundente de la derecha y los grupos conservadores se ha convertido en un actor político beligerante contra los gobiernos progresistas y que arremete en forma ilegítima, deshonesta, prepotente contra las conquistas democráticas de nuestros pueblos", dijo.
Aseguró que "hay perdón, pero no olvido" y apuntó que se debe aprender del presente y de la historia, y "luchar por una verdadera comunicación social, en la cual los negocios privados sean la excepción y no la regla, donde la libertad de expresión sea un derecho de todos y no el privilegio de oligarquías que heredaron una imprenta para ponerla a nombre de empresas fantasmas en Islas Caimán".
El gobernante expresó su esperanza de que los "injuriadores dejen de mostrarse como víctimas (...), que de ahora en adelante asuman un compromiso con la verdad y la ética profesional".
El caso se remonta a febrero del año pasado, cuando el entonces jefe de opinión de El Universo, Emilio Palacio, publicó una columna en la que afirmaba que en un futuro Correa podría ser enjuiciado por "haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso en un hospital lleno de civiles" el 30 de septiembre 2010, cuando hubo una sublevación policial.
233 Grados
Los implicados en el caso Universo advierten a Assange
Mientras Assange quiere ir a Ecuador para continuar con su “misión” informativa, como ha dicho, otros han intentado salir por el mismo motivo.
Carlos Pérez, director de El Universo, buscó asilo en la embajada de Panamá en Quito y el exeditorialista Emilio Palacio lo ha pedido en Estados Unidos. Ambos fueron demandados por injurias por Correa, quien tras ganar el proceso los perdonó.
Además, los miembros de una veeduría ciudadana que investigó los contratos con el Estado de Fabricio Correa, hermano del mandatario, han recibido asilo en tres países europeos, según dijo hoy Pablo Chambers, presidente de ese grupo, quien no quiso revelar cuáles son esas naciones.
Chambers, quien está siendo procesado junto con sus colegas, calificó de “paradójica” la petición del fundador de Wikileaks.
“Yo le diría al Señor Assange que si quiere decir la verdad en Ecuador se cuide, porque va a ser tomado preso”, le advirtió.
EL Nuevo Herald
Indígenas y protestas
Hay una interesante carta de la directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, sobre la situación de los indígenas en Ecuador, donde las poblaciones indígenas están siendo silenciadas y perseguidas (véase 'Terroristas' de la Pacha Mama) para que no protesten contra las concesiones mineras del Gobierno.
Opinión: Algunas cosas que deberían saber sobre Ecuador más allá de Assange
La espectacular huida de Julian Assange en junio a la embajada de Ecuador en Londres fue un momento de gran dramatismo, pues el fundador de Wikileaks pidió asilo ante su inminente extradición a Suecia, donde está acusado de violación y agresión sexual.
Su elección de refugio seguro habrá hecho que muchos europeos busquen sus atlas mundiales para tratar de situar dónde está exactamente el país sudamericano.
Quienes seguimos los que ocurre en América, especialmente en relación con los derechos humanos, sabemos que Ecuador está lejos de ser un refugio seguro, sobre todo para las personas más marginadas de la sociedad.
Situado en la región occidental de Sudamérica, con una extensa costa orientada al Océano Pacífico, tiene una población de 14,6 millones de habitantes que viven en 272.045 kilómetros cuadrados.
Ecuador exporta petróleo, plátanos, gambas, café, cacao, flores cortadas y pescado, y el producto interior bruto per cápita es de 3.850 dólares estadounidenses (en el Reino Unido es de 38.370 dólares).
Quizá incluso ya conozcan estos datos, pero, como muestra el informe de Amnistía Internacional publicado hoy, en el país suceden muchas más cosas que la noticia de Assange.
Ecuador es el quinto productor de petróleo crudo de América Latina, y éste es la mayor fuente de ingresos del país. La industria comenzó en las décadas de 1970 y 1980, y en la actualidad, los ingresos derivados del petróleo representan la cuarta parte del producto interior bruto de Ecuador y el 40% de los presupuestos del Estado.
En los últimos decenios, los gobiernos, incluido el actual del presidente Rafael Correa, conocen la importancia de los recursos naturales. Su explotación, sin embargo, ha desembocado en conflictos sobre el control de las tierras y de esos recursos. Las recientes propuestas de introducir la minería en gran escala en el país han reactivado muchos de estos conflictos.
Imaginen que el gobierno de su país anuncia que va a usar su patio, donde su familia lleva siglos viviendo, para perforar en busca de petróleo, sin consultarles siquiera.
Esto es precisamente lo que les ha ocurrido a uno de los pueblos indígenas, la comunidad sarayaku.
Descubrieron que el gobierno tenía planes de perforar en su territorio cuando oyeron los helicópteros aterrizar en sus tierras llenos de equipos a comienzos de este siglo. Como consecuencia, hasta la fecha sigue habiendo 1,4 toneladas de explosivos enterrados en las tierras de los sarayakus.
Diez años después, las autoridades ecuatorianas siguen sin consultar a las comunidades antes de decidir explotar los recursos naturales. A nadie sorprende que en los últimos años las tensiones hayan desembocado en protestas públicas y las protestas en represión.
Puede que la minería y el petróleo sean claves para Ecuador, pero no se puede buscar el desarrollo económico a costa de los derechos humanos.
Aunque muchos aleguen que las industrias extractivas son beneficiosas para las comunidades locales, es vital que todas las decisiones se tomen respetando el derecho de éstas a ser consultadas. Una consulta que ha de realizarse de buena fe, no después de que se hayan tomado decisiones importantes sobre un proyecto de desarrollo en las reuniones de ministros.
Como muestra nuestro informe, el gobierno de Ecuador ha respondido a las quejas de los dirigentes indígenas y campesinos por la ausencia de consultas deteniendo a los manifestantes sin razones legítimas, formulando cargos falsos e imponiendo condiciones estrictas a las fianzas en lo que parece una estrategia para impedir que hablen.
En nuestro informe "Para que nadie reclame nada" ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? se exponen las historias de 24 dirigentes que, en total, se enfrentan a 20 cargos de terrorismo, 10 de sabotaje, cuatro de bloqueo de carreteras y uno de homicidio, todos ellos en relación con protestas realizadas en 2009 y 2010.
En muchos casos, los jueces han rechazado los cargos y las detenciones por carecer de fundamento. Ocho de los 24 dirigentes siguen siendo objeto de investigación, y están atrapados en actuaciones judiciales o sometidos a las restricciones que imponen sus fianzas.
Aunque ninguno de ellos está actualmente en prisión, el hecho de que hayan sido elegidos muestra una pauta preocupante que está teniendo un efecto disuasorio en comunidades enteras que, como es lógico, ahora se lo piensan dos veces antes de denunciar motivos de preocupación legítimos de las medidas que las afectan.
En lugar de entablar un diálogo constructivo y de consultar debidamente a las comunidades cuyos medios de subsistencia se verán afectados por las leyes y políticas que propone el gobierno, las autoridades están usando todas las herramientas a su alcance para evitar que la gente exprese su desacuerdo.
Un ejemplo claro es el de los dirigentes indígenas Marlon Santi y Delfín Tenesaca, que fueron acusados en junio de 2010 de terrorismo tras participar en una protesta en el contexto de la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
Se abrió una investigación. Según informes, la única prueba contra los activistas era un par de esposas cuya pérdida denunció un policía.
El presidente Correa tiene el derecho y la obligación de garantizar el orden público en su país y de proponer proyectos de desarrollo. Sin embargo, usar el sistema judicial como vía para disuadir a las personas de expresar su desacuerdo no es una solución. Además, seguir imponiendo cambios sin consultar debidamente con las personas afectadas podría poner a Ecuador en una trayectoria de conflicto social continuo.
Es evidente que Julian Assange considera que Ecuador es un refugio seguro, pero para muchas de las personas que viven allí, firmemente arraigadas en sus tierras, la justicia sigue siendo una realidad lejana. Espero que aquellas personas cuyos ojos se han posado por un momento en este país mantengan su mirada el tiempo suficiente como para ver todo el panorama.
Amnistía Internacional
La realidad, es chocante, que Assange, que se erigió como el libertador de la información con las filtraciones de Wikileaks, pida asilo en un país en el que las libertades de prensa se ven amenazadas o donde los indígenas son expulsados de sus tierras y perseguidos por protestar contra los proyectos mineros
En Ecuador la protesta es delito. Especialmente, si los manifestantes afectan a los megaproyectos mineros o hidroeléctricos. Rafael Correa, un presidente que se muestra al exterior como progresista, ha criminalizado a indígenas y campesinos: 197 de ellos están siendo procesados, algunos por terrorismo.
Correa ha criticado abiertamente a los líderes indígenas, que fueron claves para su llegada al poder. Ha llamado a los pueblos a descartar a “los malos dirigentes que fomentan el odio y llaman a la resistencia” y ha acusado a la CONAIE de ir en contra del progreso del país y de sembrar el odio. Sin embargo, Acción Ecológica considera que “a criminalización a los movimientos sociales, al ecologismo popular que pone su vida y su integridad por delante para defender la tierra, el agua, los cultivos, ha sido constante en las últimas semanas. Sin embargo, no marca el inicio de la política de intimidación social sino su profundización”.
La militarización de esos conflictos, los casos de represión como la de Río Grande (18 de octubre) o la sordera del órgano judicial a la hora de aplicar la amnistía de 2008 están llevando al extremo la tensión social en Ecuador. La propia Defensoría del Pueblo ha vuelto a solicitar amnistías para líderes sociales, como es el caso de los 7 pobladores de Nabón, en Azuay, que viven en la clandestinidad y en muy precarias condiciones para evitar una condena de 8 años.
Tal y como explica Matthieu Le Quang en Rebelión, la estrategia inicial de Correa fue la de incluir en su Gobierno a líderes indígenas y de otros movimientos sociales para así comprar su silencio. Además, “el presidente no duda en tener discursos en los cuales fustiga a las personas o a las organizaciones que lo contradicen: o están por Correa y las reformas que pone en marcha, o están en contra y se exponen a la furia del presidente, particularmente en su programa de radio semanal. El movimiento indígena lo experimentó numerosas veces sobre todo a partir de marzo de 2008, momento en que la CONAIE amenazaba con hacer grandes manifestaciones, y hasta un levantamiento, si su principal reivindicación, el Estado plurinacional, no era adoptada en la Constitución que se estaba preparando”.
Pero está siendo en el terreno, en la defensa de la naturaleza y de los territorios indígenas donde el movimiento indígena está retomando la fuerza que pareció perder cuando Correa “se hizo con su discurso y con una parte de su dirigencia”, tal y como explicaba a Otramérica Edizon León, del Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos.
Terroristas' de la Pacha Mama
Aunque la realidad, que ya no debería de sorprendernos nada, después de que Assange sea reportero de Russia Today, medio financiado por Rusia, un país donde las libertades de prensa y de expresión cada vez van a menos o que tenga entre sus defensores a Baltasar Garzón, ex-juez español, que cerró el periódico Egunkaria sin motivos reales o que durante años omitió las denuncias de tortura a los detenidos etarras en España y posteriormente reconocidas por Estrasburgo.
El Guión parece digno del mejor capítulo de la Hora Chanante.
Euh, un tipo que presenta un programa en la televisión rusa y que se refugia en la embajada de Ecuador. ¿La libertad de expresión de QUIÉN?
— CardinalXiminez (@CardinalXiminez) agosto 16, 2012Si te ha interesado la noticia, puedes apoyarla en Menéame
